Confidencial
Wilfredo Miranda
Un compungido pero desafiante Daniel Ortega anunció la noche del 19 de julio, durante la celebración del 34 aniversario de la Revolución Sandinista, que el Gobierno había cedido a la presión y decidió entregar a los adultos mayores una pensión reducida, la demanda que por meses han mantenido los ancianos y cuya protesta fue reventada con violencia por huestes del FSLN el pasado 22 de junio.
Ortega, sin embargo, no dejó claro en qué consistía la tan esperada concesión, y fue hasta el sábado que la Secretaría de Comunicación, liderada por su mujer Rosario Murillo, hizo público el documento oficial del decreto. Este establece que desde ahora el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) entregará una pensión reducida por vejez e invalidez a los asegurados mayores de sesenta años que no logran cotizar las 750 semanas establecidas por ley.
El decreto de Ortega, el 28-2013, reforma al artículo 56 del Decreto 975 del 1 de marzo de 1982, que a partir de ahora establece: “En los casos en que el asegurado que ha cumplido 60 años de edad no acredite el período de calificación prescrito, pero ha cotizado al menos 250 semanas, tendrá derecho a una pensión de vejez reducida proporcional”.
El mismo documento deja establecido los montos a entregar. Así, quienes hayan cotizado entre 250 y 400 semanas obtendrán 1,200 córdobas; de 451 hasta 600 semanas recibirán 2,000 córdobas; y de 601 hasta 749 semanas podrán reclamar 2,800 córdobas.
El decreto también establece una pensión de validez a la que tendrá derecho “el asegurado no mayor de 60 años que sea declarado inválido y que haya cotizado 150 semana dentro de los últimos seis (6) años que precedan a la fecha de la causa que dio origen a la invalidez o tenga al menos doscientas cincuenta semanas cotizadas”.
El documento, firmado por Ortega y su secretario privado para políticas nacionales, Paul Oquist Kelley, es un gran triunfo para los centenares de ancianos que por meses demandaron una respuesta del Gobierno, organizando tranques en vías neurálgicas del país, manifestándose ante la sede de la Asamblea Nacional y, como medida más drástica, tomándose las instalaciones del INSS.
Fue esta decisión la que cabreó al Ejecutivo de Ortega, que envío a oficiales de la Policía Nacional a expulsar a los llamados viejitos del edificio. Los policías aislaron a los ancianos, evitaron que los vecinos del lugar les entregaran víveres y agua y de madrugada los expulsaron a la fuerza. La reacción policial hizo que el país entero se conmoviera con los adultos mayores, desatando una ola de solidaridad que hacía años no se había visto en Nicaragua.
Los ancianos mantuvieron sus protestas, esta vez con ayuda de jóvenes que a través de las redes sociales formaron el llamado movimiento #OcupaINSS, que atrajo la atención de la prensa extranjera. Esa cadena de solidaridad enfureció al Ejecutivo de Ortega, que la madrugada del 22 de junio envió a sus grupos paramilitares a reventar la manifestación: hubo ancianos y jóvenes heridos, automóviles, cámaras y computadoras robadas, pero el hecho generó un sentimiento de indignación nacional con el que el Gobierno de Ortega no pudo lidiar.
Y fue el viernes, en un discurso cargado de amargura en el que el caudillo criticó a quienes apoyaron a los ancianos, que anunció, en un raro acto de contrición, que cedía a la presión y ordenaba al INSS, por decreto, entregar la pensión que tanto anhelaban los adultos mayores. Su movimiento se convierte de esta manera en un símbolo de la reivindicación social en Nicaragua.
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